El Plan Nacional de Desarrollo (PND) «Colombia, potencia mundial de la vida» ha sido aprobado recientemente después de un arduo proceso de concertación y debate en el Congreso. Este proyecto representa un avance significativo en la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el país.
En el documento se enfatiza en la importancia de una Paz Total que asegure los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Uno de los artículos clave en beneficio de las víctimas es el artículo 9, que exige la aceleración del pago de indemnizaciones administrativas.
El Gobierno está obligado a implementar en máximo año y medio, a partir de la sanción presidencial del proyecto, un plan de eficiencia del erario para acelerar el pago de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado. En ese sentido, será tarea de la Unidad para las Víctimas, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda, diseñar el plan técnico, operativo y presupuestal para avanzar en los desembolsos.
Además, se ha aprobado la creación de un mecanismo no judicial que contribuya a la memoria y la búsqueda de la verdad, que deberá priorizar la participación de las víctimas con un enfoque de género y de derechos de las mujeres (artículo 13). Este es un gran paso en la dirección correcta, ya que no solo se busca la reparación material sino también la dignificación de las víctimas a través de la reconstrucción de la memoria histórica y el reconocimiento de su papel en la sociedad.
El seguimiento a las metas del Plan Marco de Implementación (PMI) y de los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) también es un aspecto importante del PND, ya que esto permitirá saldar deudas históricas y cumplir con los compromisos del Acuerdo Final con las Farc (artículo 15). Esto es crucial para garantizar que las medidas tomadas en el PND no sean solo un documento aprobado, sino que se conviertan en acciones concretas y efectivas en la reparación integral de las víctimas.
En cuanto a los instrumentos necesarios para la búsqueda de una Paz Total, se dispuso que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se elabore una estrategia que tenga en cuenta los consejos territoriales de paz, la articulación con mesas de víctimas y espacios autónomos de organización para víctimas del conflicto armado, entre otras instancias de participación en materia de paz y reconciliación. Esto es fundamental para garantizar una participación activa y representativa de las víctimas en los procesos de construcción de paz.
Otro aspecto importante del PND es la regulación de los mecanismos para avanzar en los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria. Se ha aprobado que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrá adquirir de forma directa los inmuebles rurales del Fondo para la Reparación de las Víctimas que sean susceptibles de comercialización. Respecto a los inmuebles vinculados a acciones de extinción del derecho de dominio, la Unidad para las Víctimas aplicará el reglamento interno para la enajenación de inmuebles rurales. Esto permitirá una gestión más eficiente y transparente de los recursos destinados a la reparación de las víctimas.
El PND también ha aprobado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado. Si bien el sistema será liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se deberá articular con el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV) y deberá formular una política pública integral partiendo del principio de centralidad de las víctimas. Esto es crucial para garantizar el derecho a la verdad y la justicia, y para brindar respuestas a las familias de las personas desaparecidas.
Por último, el documento conciliado y aprobado establece el proceso de administración y destinación de bienes sobre los que se declare la extinción de dominio. Estos serán destinados en un 35% para la reparación de las víctimas y lo restante se dividirá entre la Rama Judicial (25%), la Fiscalía (25%), la Policía Judicial (10%) y la Defensoría del Pueblo (5%). Esto es importante para garantizar que los bienes incautados a los responsables de delitos graves sean destinados a la reparación de las víctimas y no a otros fines.